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Inician Amparos Contra ley Antilavado

MAURICIO MONTENEGRO

LOS CORREDORES públicos se convertirán en el primer gremio profesional en interponer amparo contra la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y argumentan que en esta legislación quedaron en situación de inequidad frente a otros.

“Pretendemos poner un amparo por esa inequidad” en relación con los notarios públicos, pues está en riesgo la labor del gremio, dijo el presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, Carlos Porcel Sastrías.

Durante el encuentro que concluyó la semana pasada en Guadalajara, Porcel informó que el gremio estará “alerta” por el riesgo que conllevaría emitir avisos a las autoridades de las operaciones mercantiles de los usuarios.

La ley determina que los corredores públicos deberán emitir un aviso a las autoridades cuando sean testigos de operaciones mercantiles por alrededor de 497 mil pesos, mientras a los notarios públicos se les obliga a informar operaciones de 992 mil pesos.

Agregó que los corredores públicos están obligados a dar el aviso “en todos los casos en que actuemos con fe pública, a diferencia de otros gremios o fedatarios públicos como los notarios, que sólo tendrán que dar avisos” cuando las operaciones sean superiores a 900 mil pesos.

La nueva disposición legal establece sanciones administrativas y penales para funcionarios, corredores y notarios públicos hasta por 4 millones de pesos y la inhabilitación para continuar ejerciendo labores. Además, se sancionaría con cárcel hasta por 10 años, “dependiendo de la falta”, a quienes contravengan dicha ley, dijo Marco Antonio Fernández, director general de Control Environment Solutions.

En términos generales, un corredor público es un mediador en el otorgamiento de los contratos mercantiles, funge como perito legal y funcionario de fe pública; en el país existen alrededor de 380 habilitados por el gobierno federal.

Porcel Sastrías indicó que el colegio creará una comisión de estudio de la ley antilavado y contratará un despacho externo que elabore el amparo, para que sea un “trabajo objetivo”.


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